Colombia revisa su política de combustibles: balance y perspectivas tras el saneamiento del FEPC

Colombia revisa su política de combustibles: balance y perspectivas tras el saneamiento del FEPC
Photo by engin akyurt / Unsplash

Por Lucho (especial para medios)

Bogotá, Colombia — En los últimos meses, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado pasos significativos para reordenar la política de precios de los combustibles en Colombia y cerrar uno de los capítulos fiscales más debatidos de los últimos años: el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Este fondo, creado para amortiguar las variaciones del mercado internacional frente al precio interno de la gasolina y el diésel, acumuló un pasivo enorme tras años de subsidios generalizados que mantuvieron los precios artificialmente bajos. Aunque el déficit real puede variar según la fuente y el periodo analizado, el Ejecutivo ha señalado que heredó compromisos financieros muy elevados que condicionaban las finanzas públicas del país. (Presidencia de la República)

📉 ¿Qué hizo el Gobierno?

La administración actual emprendió una estrategia fiscal consistente en ajustar gradualmente los precios de la gasolina hacia niveles más cercanos al mercado internacional, reduciendo la necesidad de financiar grandes brechas con recursos del presupuesto nacional. Según reportes oficiales, con este proceso se logró saldar gran parte de las cuentas pendientes del FEPC, valoradas anteriormente en decenas de billones de pesos. (Presidencia de la República)

El ministro de Minas y Energía confirmó que, a partir del 1 de febrero de 2026, se empezará a sentir una reducción progresiva en los precios de los combustibles, reflejando el impacto del saneamiento fiscal y las condiciones internacionales de mercado. (Presidencia de la República)

🚗 Subsidio mal focalizado, ¿Quién se benefició realmente?

Uno de los principales argumentos del Gobierno para promover este ajuste ha sido la mala focalización histórica de los subsidios a la gasolina, que terminó beneficiando en mayor medida a quienes consumen más combustible —generalmente estratos con mayor capacidad económica— en lugar de proteger a los hogares más vulnerables. Este fenómeno, junto con la distorsión fiscal que generó el FEPC, se ha convertido en punto de tensión en el debate público. (infobae)

📊 Impacto fiscal y social

El saneamiento del FEPC no solo guarda relación con la reducción del déficit fiscal, sino también con la posibilidad de liberar recursos para inversión social en sectores claves como salud, educación, infraestructura y energía. El Gobierno ha defendido que destinar una parte más eficiente del gasto público a estas áreas permite atender directamente las necesidades de la población. (Presidencia de la República)

Al mismo tiempo, la administración ha promovido discusiones sobre quién debe asumir el costo histórico de los subsidios, planteando en algunos casos medidas como una reforma tributaria orientada a mayor contribución de quienes mayores ingresos perciben frente a este tipo de beneficios. (El Colombiano)

💬 Críticas y debates en la agenda nacional

La estrategia no ha estado exenta de controversia. Sectores políticos y económicos han cuestionado la forma en que se implementó el ajuste y el impacto sobre el bolsillo de los consumidores, especialmente en un contexto de inflación global y presión sobre el poder adquisitivo. Además, decisiones recientes de la Corte Constitucional que limitan algunas medidas de emergencia económica han tensado aún más el debate fiscal y presupuestario del país. (Reuters)

🔍 Hacia adelante

Más allá de cifras concretas —que pueden variar según estimaciones y periodos— la política pública de combustibles en Colombia entra en una nueva etapa en la que se busca equilibrar estabilidad fiscal, competitividad de los precios internos y justicia social en la asignación de subsidios y recursos públicos.

La reducción de los déficits del FEPC y el paulatino ajuste de los precios del combustible marcan un punto de inflexión en la gestión económica del país, y mantienen en el centro del debate la pregunta clave: ¿Cómo garantizar servicios esenciales y bienestar social sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas?