🚨 Denuncias graves rodean a funcionario del Ministerio de Salud: señalamientos de violencia intrafamiliar y abuso de poder exigen investigación urgente
Bogotá, Colombia.
Una denuncia de alta gravedad llegó a nuestra redacción y compromete directamente a Nelson David Hernández Pinto, arquitecto y funcionario adscrito a la Subdirección de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. Los hechos, actualmente en conocimiento de las autoridades competentes según las fuentes consultadas, hacen referencia a presuntos episodios de violencia contra su esposa, una situación que, de confirmarse, representaría una violación grave a los derechos humanos y una conducta incompatible con el ejercicio de funciones públicas.
De acuerdo con la información recibida, no se trata de un rumor aislado, sino de hechos que ya habrían sido denunciados formalmente. La violencia de género no puede entenderse como un asunto privado: es un problema estructural que el Estado colombiano ha reconocido como prioritario, y que exige respuestas institucionales firmes, transparentes y sin privilegios.
Un funcionario con poder y controversia
La situación cobra mayor relevancia por el rol que Hernández Pinto ha desempeñado dentro del Ministerio de Salud. Según múltiples testimonios recogidos por este medio, el funcionario ha utilizado su posición para señalar, estigmatizar y descalificar a alcaldes, contratistas y proyectos de infraestructura en salud, generando tensiones con autoridades territoriales y afectando procesos estratégicos para comunidades que esperan mejoras en hospitales y centros asistenciales.
Diversas fuentes indican que estos señalamientos no siempre habrían estado acompañados de pruebas claras o procesos administrativos formales, lo que ha despertado preocupación por un posible uso indebido del cargo para presionar, intimidar o desacreditar.
Violencia contra la mujer: una línea que no puede cruzarse
Organizaciones defensoras de derechos humanos consultadas por este medio recuerdan que cualquier funcionario público señalado por hechos de violencia intrafamiliar debe ser investigado con prioridad, debido a que este tipo de conductas reflejan patrones de abuso de poder que pueden trasladarse al ejercicio institucional.
“Quien no respeta la integridad de una mujer en su entorno personal difícilmente puede garantizar un comportamiento ético en el manejo de recursos públicos o en la toma de decisiones que afectan a miles de personas”, señaló una experta en temas de género.
Incoherencia frente al discurso de protección de la vida
El caso resulta aún más sensible en el contexto político actual, donde el Gobierno nacional ha hecho de la defensa de las mujeres, la lucha contra la violencia machista y el respeto por la dignidad humana pilares centrales de su discurso.
Para distintos sectores sociales, permitir que funcionarios con señalamientos tan delicados continúen ejerciendo poder sin investigaciones visibles envía un mensaje de impunidad que contradice los principios de transformación social que se promueven desde el Ejecutivo.
Llamado a las autoridades
Este medio hace un llamado directo a:
• 📌 La Fiscalía General de la Nación
• 📌 La Procuraduría General de la Nación
• 📌 El Ministerio de Salud y Protección Social
para que se aclare con prontitud y transparencia:
✔️ Si existen denuncias formales contra Nelson David Hernández Pinto
✔️ En qué estado se encuentran los procesos
✔️ Qué medidas preventivas se han tomado
La sociedad colombiana merece respuestas claras. La violencia contra las mujeres no puede ser minimizada ni encubierta, y mucho menos cuando involucra a un funcionario público con capacidad de decisión en sectores sensibles como la salud.
La denuncia pública como mecanismo de control social
El periodismo cumple un rol fundamental al visibilizar situaciones que pueden afectar la confianza en las instituciones. Este caso no busca condenar anticipadamente, pero sí exigir investigación, debido proceso y coherencia ética en el servicio público.
Colombia no puede avanzar hacia una transformación real mientras guarda silencio frente a denuncias de violencia y posibles abusos de poder dentro del Estado.
La transparencia no es una opción: es una obligación.
