El debate sobre las inversiones forzosas en Colombia enfrenta al Gobierno con la banca
Bogotá, 16 feb (EFE).- La propuesta del Gobierno colombiano de implementar inversiones forzosas al sistema financiero, en el marco de la emergencia económica declarada por la ola invernal, ha abierto un profundo debate sobre el destino del ahorro privado y sus consecuencias en el costo del crédito. Mientras el presidente Gustavo Petro defiende la medida como una herramienta para canalizar recursos hacia sectores productivos, el gremio bancario advierte que se trata de una intervención estatal que terminará encareciendo los préstamos para hogares y empresas.
La propuesta oficial: crédito barato para sectores prioritarios
El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de emitir un decreto para poner en marcha las inversiones forzosas, argumentando que la banca privada incumplió los compromisos del 'Pacto por el Crédito' suscrito en 2024. Según explicó el mandatario en declaraciones a Portafolio, el mecanismo busca redirigir una parte del ahorro que administran los bancos hacia entidades como Bancóldex, el Banco Agrario o Finagro. El objetivo, según Petro, es que estos recursos se traduzcan en "crédito barato, con costo financiero pequeño" para actividades como la agricultura, la industria, el turismo y la vivienda, con el fin de mitigar el impacto de la crisis económica y fomentar la producción.
El rechazo del sector financiero: "La plata no es de banqueros, es de ahorradores"
La respuesta de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) no se ha hecho esperar. Su presidente, Jonathan Malagón, ha sido enfático en señalar que "la plata para inversiones forzosas no es de banqueros, es de ahorradores". En una entrevista con Blu Radio, Malagón explicó que el sistema administra alrededor de 790 billones de pesos en depósitos de 36,5 millones de colombianos y que desviar una parte de esos recursos implica que "un porcentaje del ahorro de los colombianos va a estar administrado por el Gobierno".
Esta postura se refleja en una campaña que circula en redes sociales bajo la etiqueta #NoALaInversiónForzosa, que define la medida como una decisión gubernamental sobre el ahorro privado que distorsiona el mercado. "Si el Estado administra tu ahorro, el crédito se encarece para todos", "Cuando el crédito se politiza, se encarece" o "Tu ahorro no es caja menor del Estado" son algunos de los mensajes que difunden los opositores a la iniciativa.
Impacto cuantificado: tasas más altas y menos crecimiento
El gremio ha respaldado sus advertencias con cifras concretas. Según Asobancaria, Colombia es ya el tercer país de la región con mayor "represión financiera" debido a regulaciones existentes como la tasa de usura. Una nueva inversión forzosa, similar a la ya existente por cerca de 35 billones de pesos, implicaría una reducción de recursos para los sectores no priorizados. Esto se traduciría, según cálculos del gremio, en un aumento generalizado de 49 puntos básicos en las tasas de interés de toda la economía, una reducción de la cartera de crédito del 0,9 % y una caída del 0,3 % en el Producto Interno Bruto (PIB).
Malagón ejemplificó que, en un crédito hipotecario de largo plazo, este ajuste podría representar hasta 37 millones de pesos adicionales en el costo total para el deudor. "La inversión forzosa no es gratis: la terminan pagando hogares y empresas", advierten los críticos de la medida.
Antecedentes: la polémica por el Pacto por el Crédito
La medida surge tras la ruptura del 'Pacto por el Crédito', un acuerdo de 250 billones de pesos alcanzado en 2024 para evitar precisamente la implementación de inversiones forzosas. Mientras el presidente Petro asegura que la banca "engañó" al Gobierno y no orientó los recursos a la producción, Asobancaria defiende su cumplimiento, afirmando que, según datos de la Superintendencia Financiera, los desembolsos a los sectores priorizados alcanzan el 96 % o 97 % de la meta, con un crecimiento del 20 % en crédito para estos sectores, superior al 10 % del resto de la economía.
Un debate sobre el rol del Estado en la economía
El debate trasciende la emergencia coyuntural y pone sobre la mesa discusiones estructurales sobre el papel del Estado en la economía. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de intervenir para garantizar crédito a sectores estratégicos, la banca y analistas como el exministro José Manuel Restrepo advierten que se trata de un mecanismo que en el pasado reciente demostró ser ineficaz y que termina afectando el bolsillo de los ciudadanos al limitar el acceso al crédito.
La discusión se da en paralelo a la propuesta de un nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresas, con el que el Ejecutivo espera recaudar 8 billones de pesos para atender la emergencia invernal, en un contexto de creciente presión fiscal y necesidades sociales derivadas de la crisis climática.
