La ilegalidad del ataque de Estados Unidos contra Venezuela no admite debate: la reacción del mundo es lo verdaderamente crítico
Cuatro días después de que Estados Unidos bombardeara objetivos en Venezuela con el fin de capturar al presidente Nicolás Maduro, existe un consenso prácticamente indiscutido: la operación constituyó una violación del derecho internacional.
La denominada “Operación Resolución Absoluta”, exitosa desde un punto de vista militar, vulnera una de las normas más fundamentales del orden jurídico internacional: la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, consagrada en el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas.
Funcionarios estadounidenses intentaron caracterizar la acción como una operación de cumplimiento de la ley. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que Estados Unidos inició un conflicto armado internacional contra Venezuela. Ningún Estado puede hacer cumplir su legislación en el territorio de otro sin su consentimiento. Además, la captura de un jefe de Estado —aunque sea considerado ilegítimo— constituye una violación adicional del derecho internacional, no una justificación del uso de la fuerza.
El ataque estadounidense a la luz del derecho internacional
Ninguna de las excepciones legales que permiten el uso de la fuerza resulta aplicable en este caso. Estados Unidos no solicitó ni obtuvo un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Tampoco enfrentaba un ataque armado inminente o en curso por parte de Venezuela que habilitara el derecho a la legítima defensa.
Argumentos como la destitución de un líder ilegítimo, la “liberación” del pueblo venezolano, la lucha contra el narcotráfico o la promoción de la democracia no constituyen bases legales para una intervención militar en territorio extranjero. Toda la evidencia sugiere que estos objetivos funcionaron como pretextos, un hecho especialmente relevante para el pueblo venezolano y sus posibilidades democráticas.
La conclusión es clara e ineludible: Estados Unidos inició el año 2026 cometiendo un acto de agresión militar contra un Estado soberano sin justificación legal alguna. No se trata de un debate complejo.
El verdadero problema: el silencio legal y la reacción internacional
Lo más preocupante no es únicamente la invasión en sí, sino dos factores adicionales:
- La ausencia casi total de una justificación legal por parte de funcionarios estadounidenses.
- La ambigüedad y tibieza de la respuesta internacional frente a esta violación flagrante del derecho internacional.
A diferencia de intervenciones anteriores —como la invasión a Irak en 2003—, esta vez no hubo un esfuerzo serio por construir un argumento jurídico. El silencio es elocuente y refleja la percepción de que el derecho internacional no limita ni debería limitar la política exterior de Estados Unidos.
Esta actitud es más peligrosa que las violaciones al derecho internacional disfrazadas de argumentos legales, por débiles que estos hayan sido en el pasado. La negación abierta del derecho erosiona directamente la estabilidad global.
Además, esta postura se inscribe en un contexto más amplio: declaraciones del presidente Trump y su administración sobre ambiciones territoriales —como la anexión de Groenlandia— que evocan lógicas imperialistas del siglo XIX y desconocen principios básicos como la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. El único límite aparente a la intervención estadounidense parece ser una noción ambigua del “interés nacional” o incluso del “interés presidencial”.
Respuestas débiles de Europa y otros Estados
Todos los Estados que no podrían resistir militarmente a Estados Unidos tienen un interés directo en defender el derecho internacional. Proteger principios como la prohibición de la agresión y la inmunidad de los jefes de Estado es una cuestión de seguridad nacional para todos.
¿Por qué entonces muchos países, incluido el Reino Unido, han evitado calificar explícitamente la operación como ilegal o condenarla sin ambigüedades?
Una explicación es el temor a la inutilidad de la condena: cuando una potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad viola el derecho internacional, los mecanismos de aplicación quedan paralizados. Además, apoyar directamente a la víctima podría escalar el conflicto.
Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que otra respuesta es posible. Tras la invasión rusa de Ucrania, 141 países condenaron formalmente la agresión. En un contexto de desinformación global, nombrar claramente lo que está mal importa. Preserva la función del derecho como herramienta para distinguir entre lo lícito y lo ilícito.
En este sentido, declaraciones como la de Alemania —que calificó el caso como “complejo” y pospuso una evaluación legal— resultan tan dañinas para el orden jurídico internacional como el desprecio explícito mostrado por funcionarios estadounidenses. Sin un diagnóstico legal claro, no puede haber una respuesta política adecuada, como la no cooperación o la condena formal, ni puede evitarse que la agresión siente un precedente peligroso.
Cada Estado que evita señalar esta agresión contribuye, aunque sea indirectamente, a fracturar el orden internacional.
Conclusión
La condena legal de la agresión estadounidense es esencial, incluso si no impone costos inmediatos ni garantiza disuasión futura. La alternativa —el silencio, la ambigüedad o la complacencia— socava el derecho internacional y deja abierta la puerta a un mundo regido únicamente por el poder.
Apaciguar a la administración Trump con la esperanza de influir en privado ofrece beneficios inciertos y costos claros. Si esa no fue la respuesta frente a la invasión rusa de Ucrania, resulta legítimo preguntarse por qué se considera aceptable ahora.
Referencia académica
Este análisis se basa en un comentario experto publicado por la Universidad de Oxford, a través de su plataforma institucional News & Events. El texto fue elaborado por Janina Dill, profesora de Seguridad Global en la Blavatnik School of Government, lo que otorga a las conclusiones aquí expuestas un respaldo académico y jurídico de alto nivel internacional.
